La reciente promulgación de la Ley N.º 27.742, conocida como «Ley Bases», ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico laboral argentino, especialmente en lo que respecta a su aplicación retroactiva. Esta normativa derogó diversas sanciones e indemnizaciones agravadas previstas en leyes anteriores, como la Ley 24.013 y la Ley 25.323, que penalizaban la falta de registración laboral y otros incumplimientos por parte de los empleadores.
Fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
En un caso reciente, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que la Ley 27.742 carece de efectos retroactivos. El tribunal condenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a registrar la relación laboral de varios médicos y a abonar la indemnización prevista en el artículo 8 de la Ley 24.013. Los jueces argumentaron que la nueva ley no puede aplicarse a situaciones jurídicas anteriores a su entrada en vigor, ya que no afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas agotadas.
Principio de Irretroactividad de la Ley
Este principio, consagrado en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. En el ámbito laboral, este principio protege los derechos de los trabajadores frente a cambios legislativos que podrían perjudicarlos. La jurisprudencia ha sostenido que las indemnizaciones por falta de registración laboral son de naturaleza reparatoria y no pueden ser eliminadas retroactivamente.
Implicancias para los Trabajadores y Empleadores
Para los trabajadores, este fallo reafirma la protección de sus derechos adquiridos, incluso ante cambios legislativos. Para los empleadores, destaca la importancia de cumplir con las obligaciones laborales vigentes al momento de la relación laboral, ya que las nuevas leyes no eximen de responsabilidades anteriores.
Conclusión
La Ley Bases introduce cambios significativos en el derecho laboral argentino. Sin embargo, su aplicación debe respetar los principios constitucionales y legales que protegen los derechos adquiridos. Es fundamental que tanto trabajadores como empleadores comprendan el alcance de esta normativa y sus implicancias en las relaciones laborales.
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