En una reciente resolución, la Cámara Civil y Comercial Federal sentó un importante precedente en relación a los aumentos de los valores de las prepagas. La Sala I de dicho tribunal se pronunció sobre un caso que cuestionaba tanto los aumentos en los valores de las prepagas como la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el cual regula las actualizaciones en el sector de salud. En su fallo, los jueces determinaron que el asunto no era una «cuestión abstracta», como había sido previamente declarado por un tribunal de primera instancia, y ordenaron que el proceso continúe.
El Origen del Caso: Aumentos de Prepagas y el DNU 70/23
El caso surgió a raíz de la demanda presentada por una usuaria de un servicio de salud privado, identificada en el expediente como “L. S. C. c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ Amparo/ Sumarísimo valor cuota Emp-DNU 70/23”. La actora reclamaba la inconstitucionalidad del DNU 70/23, que permite la actualización de los valores de las prepagas, argumentando que los aumentos eran desproporcionados y vulneraban sus derechos como consumidora.
En primera instancia, la jueza había declarado que la causa se había vuelto «abstracta» debido a un convenio celebrado entre la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSN) y las empresas de medicina prepaga, el cual regularizaba los incrementos en cuestión. En virtud de este acuerdo, se decidió archivar las actuaciones, sosteniendo que ya no existía motivo para continuar con el amparo.
El Reclamo de la Actora: Defensa en Juicio y Constitucionalidad del DNU
La actora apeló la decisión de archivo, argumentando que el convenio mencionado no resolvía su pretensión original, que era la inconstitucionalidad del DNU 70/23. Además, sostuvo que dicho convenio había sido celebrado sin su participación, lo que vulneraba el principio de bilateralidad procesal y su derecho de defensa en juicio.
La demandante también señaló que el acuerdo entre la SSSN y las prepagas no debía aplicarse a su caso, ya que ella no formó parte de ese proceso. Argumentó que su reclamo seguía vigente y que el fallo de primera instancia era arbitrario, dado que no abordaba de manera concreta el análisis de la constitucionalidad del decreto impugnado.
El Fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal: No Es una Cuestión Abstracta
La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, integrada por los jueces Fernando A. Uriarte, Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier, falló a favor de la actora, determinando que el caso no había quedado «abstracto», como se sostuvo en primera instancia. Los camaristas subrayaron que no existían pruebas de que la Superintendencia de Servicios de Salud hubiera actuado en representación de la demandante en el acuerdo con las prepagas. Al tratarse de una pretensión individual con características propias, el tribunal señaló que la decisión tomada en otros expedientes no generaba efectos de cosa juzgada sobre el presente caso.
Los magistrados también destacaron que el acuerdo entre la SSSN y las prepagas solo regulaba los valores de determinados meses, dejando liberado el margen para aumentos futuros. Este hecho, junto con la falta de control sobre los incrementos posteriores a julio, demostró que el reclamo de la actora seguía siendo relevante y que el proceso debía continuar.
Argumentos de la Fiscalía: Defensa de los Usuarios
En línea con el fallo de la Cámara, la Fiscalía, en un dictamen firmado por Rodrigo Cuesta, también había cuestionado el archivo del caso. El fiscal sostuvo que imponer las consecuencias de un acuerdo celebrado entre la SSSN y las prepagas a usuarios que no participaron en dicho proceso vulnera el derecho de defensa en juicio. El tribunal compartió estas conclusiones, señalando que el convenio no podía anular las pretensiones individuales de quienes no fueron parte del acuerdo.
¿Qué Implicancias Tiene Este Fallo?
Este fallo es fundamental porque refuerza el derecho de los usuarios de servicios de salud a cuestionar los aumentos en las cuotas de las prepagas y exige que sus reclamos sean escuchados y resueltos individualmente, sin quedar subordinados a acuerdos generales entre organismos y empresas. Además, destaca la necesidad de supervisar de manera continua los aumentos en un sector tan sensible como la salud.
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