Trabajo remoto desde el exterior: riesgos y derechos

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¿Puedo trabajar desde otro país si mi empleador está en Argentina? ¿Qué sucede si sufro un accidente mientras trabajo en el extranjero? ¿Puede una empresa argentina autorizar el teletrabajo internacional sin asumir responsabilidades adicionales?

Estas preguntas son cada vez más frecuentes entre trabajadores, profesionales y empresas que adoptan modalidades de trabajo remoto. La posibilidad de desarrollar tareas desde España, Uruguay, Brasil o cualquier otro país resulta atractiva, pero presenta consecuencias jurídicas que muchas veces pasan inadvertidas.

Trabajar desde el exterior no significa simplemente cambiar de ubicación geográfica. Significa trasladar una relación laboral a un escenario donde pueden intervenir distintas legislaciones, sistemas de seguridad social, obligaciones tributarias y coberturas de seguros.

El problema afecta tanto al trabajador que desea continuar con su empleo argentino mientras reside temporalmente en otro país como a la empresa que pretende ofrecer flexibilidad laboral sin exponerse a reclamos económicos o contingencias legales.

Como abogado y contador, considero que el punto central consiste en comprender que una autorización informal, incluso cuando ambas partes están de acuerdo, puede resultar insuficiente para proteger sus respectivos derechos e intereses.

¿Es legal trabajar desde otro país para una empresa argentina?

En principio, sí. Un trabajador contratado por una empresa argentina puede prestar servicios desde el extranjero, siempre que la modalidad resulte jurídicamente viable y se cumplan las condiciones laborales, migratorias, tributarias y de seguridad social correspondientes.

Sin embargo, el trabajador no tiene, por el solo hecho de desempeñarse bajo una modalidad remota, un derecho automático a elegir cualquier país como lugar de prestación de tareas.

La posibilidad concreta dependerá del contrato, las condiciones pactadas, la normativa aplicable y las necesidades operativas de la empresa.

Por ejemplo, un programador contratado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podría solicitar autorización para trabajar durante dos meses desde España. Si su empleador acepta, será necesario definir las condiciones bajo las cuales continuará desarrollándose la relación laboral.

Distinto sería el supuesto de un trabajador que decide mudarse al extranjero sin informar a la empresa, continúa conectándose normalmente y considera que no existe ninguna diferencia porque sus tareas siguen siendo las mismas.

En este último caso podrían surgir incumplimientos contractuales, dificultades de cobertura y conflictos relacionados con el lugar efectivo de prestación de servicios.

También debe verificarse que la condición migratoria del trabajador permita desarrollar actividades laborales en el país de destino. Ingresar como turista no equivale necesariamente a contar con autorización para trabajar remotamente.

Qué ley laboral se aplica cuando se trabaja desde el exterior

Una de las cuestiones más relevantes es determinar qué legislación regula la relación laboral cuando el empleador se encuentra en Argentina, pero el trabajador presta servicios desde otro país.

El artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo establece reglas vinculadas con su aplicación territorial. Sin embargo, las prestaciones internacionales presentan particularidades que impiden resolver todos los casos mediante una interpretación exclusivamente geográfica.

Para determinar el régimen aplicable deben analizarse, entre otras circunstancias, el lugar donde nació la relación laboral, la sede desde la cual se imparten instrucciones, la duración del traslado y el país donde se realizan efectivamente las tareas.

Además, corresponde considerar las disposiciones imperativas del país de destino y los tratados internacionales que pudieran resultar aplicables.

La reforma laboral de 2026 introduce un cambio importante

La Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, publicada el 6 de marzo de 2026, dispuso mediante su artículo 199 la derogación de la Ley de Teletrabajo N.º 27.555 a partir del 1 de enero de 2027.

Hasta esa fecha, la Ley 27.555 continúa integrando el régimen jurídico aplicable, aunque deben contemplarse las controversias judiciales relacionadas con determinadas modificaciones introducidas por el DNU 70/2023, particularmente en materia de prestaciones transnacionales.

Desde enero de 2027, la desaparición del régimen especial obligará a prestar particular atención a la Ley de Contrato de Trabajo, los principios del derecho internacional privado, los convenios colectivos y las condiciones contractuales válidamente acordadas.

La derogación de la ley especial no significa que el trabajo remoto quede desregulado ni que desaparezcan los derechos laborales.

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Desde una perspectiva preventiva, las empresas deberían revisar durante 2026 sus contratos y políticas de teletrabajo para evitar que continúen utilizando documentos construidos sobre disposiciones que dejarán de regir.

Accidentes laborales en el extranjero: ¿qué sucede con la ART?

Este es probablemente uno de los riesgos económicos más importantes para empleadores y trabajadores.

Supongamos que una empresa argentina autoriza a un empleado a trabajar durante tres meses desde Italia. Durante su jornada laboral, el trabajador sufre un accidente que le provoca lesiones y requiere asistencia médica.

La primera pregunta será si el siniestro se encuentra comprendido dentro de la cobertura de riesgos del trabajo contratada en Argentina.

No debe presumirse que la ART brinda automáticamente cobertura internacional por el solo hecho de que el trabajador continúa registrado en nuestro país.

Es indispensable revisar las condiciones de la póliza, verificar su alcance territorial y comunicar previamente el destino, las fechas y el domicilio desde el cual se prestarán las tareas, cuando corresponda.

Algunas coberturas internacionales pueden encontrarse sujetas a plazos, requisitos específicos o autorizaciones particulares.

Si ocurre un accidente y la aseguradora rechaza la cobertura, puede generarse un conflicto complejo respecto de las prestaciones médicas, los gastos de traslado y las eventuales indemnizaciones.

Para el trabajador, la consecuencia puede ser encontrarse lesionado en un país extranjero sin una respuesta asistencial inmediata.

Para la empresa, el problema puede convertirse en un reclamo patrimonial cuya magnitud supere ampliamente cualquier beneficio obtenido mediante la autorización del teletrabajo.

Por eso recomiendo que la cobertura internacional se encuentre verificada y documentada antes de comenzar la prestación de servicios desde el extranjero.

¿La obra social argentina cubre enfermedades en otro país?

No necesariamente.

El mantenimiento de los aportes y contribuciones a la seguridad social argentina no significa que las prestaciones médicas de una obra social o empresa de medicina prepaga puedan utilizarse indistintamente en cualquier país.

Muchas coberturas tienen limitaciones territoriales y los servicios de asistencia al viajero pueden contemplar exclusiones, períodos máximos o restricciones relacionadas con actividades laborales.

Es necesario distinguir dos situaciones.

La primera corresponde a una enfermedad común, ajena al trabajo, que requiere tratamiento médico durante la permanencia en el extranjero.

La segunda comprende accidentes o enfermedades vinculados con la actividad laboral, donde puede intervenir el régimen de riesgos del trabajo.

La diferencia resulta relevante porque las obligaciones de cobertura, asistencia y eventual reparación pueden ser distintas.

Desde el punto de vista empresarial, conviene determinar previamente quién contratará y pagará el seguro médico internacional y qué prestaciones deberá incluir.

Sin embargo, existe una advertencia jurídica: una cláusula contractual que atribuya todos los gastos al trabajador no necesariamente libera al empleador de las responsabilidades establecidas por normas laborales imperativas.

Las condiciones deben analizarse según el motivo del traslado, los riesgos involucrados y la legislación aplicable.

¿Qué sucede con el sueldo, los aportes y las contribuciones?

Otra preocupación frecuente consiste en determinar si una persona que trabaja temporalmente desde el exterior puede continuar cobrando su sueldo en Argentina.

En términos generales, cuando existe una relación laboral argentina que se mantiene durante un desplazamiento temporal, puede continuar el esquema habitual de liquidación salarial y registración, sin perjuicio de las obligaciones que pudieran surgir en el país extranjero.

No obstante, conviene revisar aspectos concretos:

  • La moneda y modalidad de pago de la remuneración.
  • La continuidad de los aportes y contribuciones previsionales.
  • La cobertura de obra social y los seguros obligatorios.
  • La eventual existencia de obligaciones de seguridad social en el país de destino.
  • La aplicación de convenios internacionales de seguridad social.
  • Las consecuencias tributarias para el trabajador y su empleador.

En este punto resulta particularmente útil combinar el análisis jurídico con una evaluación contable.

Una empresa puede mantener correctamente registrado a su dependiente en Argentina y, aun así, enfrentarse a obligaciones adicionales derivadas de su permanencia o actividad en el extranjero.

La solución no consiste en modificar unilateralmente la registración o convertir al trabajador en prestador independiente. La verdadera naturaleza de la relación laboral prevalece sobre la denominación contractual utilizada por las partes.

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Residencia fiscal: ¿trabajar desde otro país implica pagar impuestos allí?

No existe una respuesta universal.

La residencia fiscal depende de las normas del país correspondiente, la duración de la permanencia, los vínculos personales y económicos y los convenios internacionales aplicables.

En Argentina, la pérdida de residencia fiscal puede configurarse, en términos generales y bajo determinadas condiciones, por la adquisición de residencia permanente en otro Estado o por una permanencia continuada en el exterior durante doce meses.

Sin embargo, una estadía breve no garantiza que el país de destino carezca de facultades tributarias sobre las actividades desarrolladas allí. Tampoco debe suponerse que todos los países aplican idénticos criterios de residencia o tributación.

Por ejemplo, un trabajador que permanece durante algunos meses en España deberá verificar si su situación genera obligaciones fiscales locales y cómo se relacionan con las retenciones efectuadas en Argentina.

La existencia de convenios para evitar la doble imposición puede modificar el tratamiento correspondiente.

También debe contemplarse el denominado riesgo de establecimiento permanente: bajo determinadas condiciones, la actividad de un empleado o directivo en otro país podría generar consecuencias tributarias para la propia empresa.

Esto resulta especialmente relevante cuando el trabajador celebra contratos, representa comercialmente a la sociedad o desarrolla funciones de dirección desde el extranjero.

Qué debe hacer una empresa antes de autorizar el trabajo remoto internacional

Para las empresas, especialmente aquellas vinculadas con tecnología, servicios profesionales, consultoría y actividades administrativas, el teletrabajo internacional puede constituir una herramienta valiosa para atraer y conservar personal calificado.

Sin embargo, conviene establecer procedimientos claros.

Mi recomendación es implementar una política interna que determine cuándo puede autorizarse esta modalidad y cuáles son sus condiciones.

Como mínimo, debería contemplar:

  1. Autorización previa y escrita: establecer un procedimiento formal que impida traslados internacionales no informados.
  2. Destino y duración: identificar el país, domicilio de prestación y período autorizado.
  3. Verificación de seguros: comprobar el alcance de la ART, el seguro de vida obligatorio y la cobertura médica internacional.
  4. Condiciones laborales: precisar remuneración, jornada, horarios, disponibilidad y herramientas de trabajo.
  5. Seguridad informática: establecer obligaciones de confidencialidad, protección de datos y acceso seguro a los sistemas corporativos.
  6. Evaluación tributaria y migratoria: verificar las exigencias del país de destino y las obligaciones que pudieran afectar a ambas partes.
  7. Finalización y regreso: regular el vencimiento de la autorización y las condiciones de eventual prórroga.

La autorización debería instrumentarse mediante un acuerdo complementario al contrato de trabajo y conservarse junto con las constancias de comunicación a las aseguradoras.

Debe evitarse recurrir a modelos genéricos que establezcan renuncias amplias de derechos, exoneraciones absolutas de responsabilidad o prórrogas de jurisdicción incompatibles con normas imperativas.

Un documento extenso no necesariamente proporciona mayor protección jurídica. Su utilidad depende de que las cláusulas sean válidas y se correspondan con la realidad de la prestación.

Qué derechos tiene el trabajador que presta servicios desde el exterior

Desde la perspectiva del trabajador, el principal riesgo consiste en aceptar condiciones que parecen simples acuerdos de flexibilidad, pero que modifican aspectos relevantes de su relación laboral.

Antes de trasladarse conviene verificar si conservará su antigüedad, remuneración, categoría, condiciones de jornada y demás derechos que correspondan conforme al régimen aplicable.

También deberá determinarse quién afrontará los gastos extraordinarios y qué sucederá ante una enfermedad, un accidente o una necesidad de regresar anticipadamente.

Si el traslado responde a una decisión empresarial, las obligaciones del empleador pueden ser diferentes de aquellas correspondientes a una autorización concedida exclusivamente por motivos personales del dependiente.

Trabajar desde otro país no debería convertirse, por sí solo, en una excusa para desconocer derechos laborales preexistentes.

Por otra parte, el trabajador también debe cumplir las condiciones legítimas de la autorización. Cambiar de país sin informar, modificar unilateralmente sus horarios o desarrollar tareas desde domicilios no declarados puede generar conflictos que podrían haberse evitado.

¿Qué pasa si la empresa exige regresar a Argentina?

Este es otro punto que debe resolverse antes de autorizar el traslado.

Supongamos que una empresa permite a un trabajador prestar servicios durante seis meses desde Uruguay y, luego de dos meses, le exige regresar inmediatamente a su puesto presencial en Buenos Aires.

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¿Puede hacerlo?

La respuesta dependerá de las condiciones del acuerdo, el carácter temporal de la autorización, las necesidades empresariales y las normas aplicables.

No resulta jurídicamente equivalente una autorización excepcional concedida por treinta días que una modificación estable de las condiciones de trabajo aceptada por ambas partes.

También deberán evaluarse las consecuencias de una eventual decisión unilateral que genere perjuicios injustificados al trabajador.

Por eso, las condiciones de regreso, los plazos de aviso y las posibles causas de finalización anticipada deberían encontrarse expresamente regulados.

¿Qué hacer si ya existe un conflicto laboral por trabajar desde el extranjero?

Cuando el problema ya se produjo, la prioridad consiste en reconstruir las condiciones reales de la relación laboral y reunir la documentación disponible.

Para trabajadores que recibieron una intimación, enfrentan un rechazo de cobertura o consideran vulnerados sus derechos, resulta conveniente conservar:

  • Contrato de trabajo y acuerdos complementarios.
  • Correos electrónicos y mensajes relacionados con la autorización del traslado.
  • Recibos de sueldo y constancias de registración laboral.
  • Documentación de la ART y seguros contratados.
  • Comprobantes de residencia, viajes y permanencia en el extranjero.
  • Comunicaciones empresariales sobre horarios, tareas y exigencias de regreso.
  • Documentación médica, si ocurrió un accidente o enfermedad.

En el caso de las empresas, también conviene preservar sus políticas internas, las solicitudes formuladas por el trabajador y las constancias de evaluación y autorización.

La documentación será determinante para establecer qué condiciones se pactaron, cuáles se cumplieron y si existieron incumplimientos jurídicamente relevantes.

Antes de responder una intimación laboral, disponer una sanción disciplinaria, modificar unilateralmente condiciones de trabajo o considerar extinguido el contrato, recomiendo realizar una evaluación jurídica específica.

Una respuesta apresurada puede convertir una diferencia operativa solucionable en un conflicto judicial mucho más costoso.

El verdadero problema: confundir flexibilidad con informalidad

El teletrabajo internacional ofrece oportunidades concretas tanto para las empresas como para los trabajadores. Permite conservar talento, facilitar proyectos personales y ampliar las posibilidades de organización laboral.

Pero esos beneficios no eliminan las obligaciones legales que acompañan a una relación de dependencia.

Desde mi perspectiva profesional, el error más frecuente que debe evitarse es considerar que, porque el trabajo puede realizarse desde una computadora, el lugar donde se encuentra físicamente el trabajador carece de relevancia jurídica.

La ubicación importa para determinar la legislación aplicable, las obligaciones fiscales, las exigencias migratorias, la cobertura de seguros y las responsabilidades patrimoniales.

La pregunta no debería ser solamente si un trabajador puede conectarse desde otro país, sino bajo qué condiciones jurídicas resulta conveniente permitirlo.

Para una empresa, una evaluación preventiva puede evitar conflictos laborales y obligaciones económicas imprevistas. Para un trabajador, puede significar la diferencia entre desarrollar su actividad con seguridad jurídica o encontrarse desprotegido ante una contingencia.

Conclusión

El trabajo remoto desde el exterior es una modalidad legítima y cada vez más relevante, pero requiere una planificación que contemple simultáneamente las cuestiones laborales, contractuales, migratorias, tributarias y de seguridad social.

Las empresas deberían revisar sus políticas internas y contratos, especialmente frente a los cambios introducidos por la reforma laboral de 2026 y la derogación de la Ley de Teletrabajo prevista para enero de 2027.

Los trabajadores, por su parte, deberían conocer sus derechos y obligaciones antes de aceptar un traslado, cambiar de residencia o modificar las condiciones habituales de prestación.

Como abogado y contador público, mi enfoque consiste en analizar estos conflictos desde una perspectiva jurídica y económica, evaluando no solamente qué establece la legislación, sino cuáles son las consecuencias concretas de cada decisión.

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Una consulta inicial permite identificar los riesgos, revisar la documentación y definir una estrategia adecuada antes de que una decisión aparentemente sencilla se transforme en un problema laboral o económico de mayor gravedad.

La flexibilidad laboral es una ventaja. La falta de previsión jurídica, no.