Por Lucas Alonso Carli, abogado de los vecinos de Escobar
Hay peleas que empiezan como un detalle administrativo y terminan siendo una epopeya de barrio. La del bingo de Escobar fue así: una ordenanza votada a las apuradas, un intendente que se comportó como patrón de estancia, concejales que levantaban la mano sin mirar demasiado y un grupo de vecinos que, en vez de resignarse, decidió dar batalla.
Esta historia no la protagonizo yo: la protagonizan ellos. Vecinos que trabajaron, se informaron, organizaron reuniones, firmaron notas, preguntaron lo que nadie quería responder y se animaron a decir que no. Yo aparezco cuando me llaman para algo muy concreto: ponerle forma jurídica a ese impulso, representar en los tribunales el coraje y la constancia que ya estaban en la calle.
La ordenanza del 27 de diciembre
Todo arrancó con la Ordenanza 6350/2024, una norma municipal que habilitaba la instalación de un bingo en Escobar, impulsada desde el Ejecutivo por el intendente Ariel Sujarchuk y presentada en el Concejo Deliberante por el concejal Leandro Goroyesky. El trámite fue rápido, demasiado rápido para algo que podía cambiarle la vida a un barrio entero, y estuvo acompañado por el entusiasmo político y empresarial de figuras de peso vinculadas al juego, como Daniel Angelici y Cristian Ritondo, con la presidenta del Concejo, María Laura Guazzaroni, conduciendo el debate a ritmo de urgente despacho.
La sesión se hizo sobre el cierre del año, el 27 de diciembre. El momento perfecto para que casi nadie se enterara. Mientras la mayoría pensaba en las fiestas y las vacaciones, el Concejo Deliberante estaba cambiando la zonificación para permitir un bingo en una zona que no estaba diseñada para eso: cerca de escuelas, de casas, de la vida cotidiana de la gente.
En los papeles, la ordenanza hablaba de un “masterplan” urbano que justificaba la decisión. Un plan general, serio, técnico, al que supuestamente se estaba ajustando el municipio. En la realidad, ese masterplan no existía. Era una invocación vacía.
Para completar el cuadro, se equivocaron hasta de parcela. Es decir: se votó algo mal ubicado, basado en un plan que nadie había visto, en una sesión apurada y sin participación real de los vecinos.
Los vecinos no se enteraron por el canal institucional, sino por la suma de rumores, notas y comentarios. Cuando cayeron en la cuenta de lo que se estaba armando, vinieron a verme.
No vinieron a pedirme que hiciera magia. Vinieron a decirme algo muy simple:
“Esto no está bien. No nos preguntaron nada. Nos están pasando por arriba”.
El arriero, el amparo y la marcha larga
Lo primero que hicimos, a pedido de los vecinos, fue presentar un amparo ambiental, señalando lo obvio: que no se había hecho una evaluación seria del impacto, que el lugar no era adecuado, que la ordenanza estaba plagada de irregularidades, que el famoso masterplan era un fantasma. Mi tarea fue poner en lenguaje jurídico lo que ellos ya estaban diciendo en la calle con sentido común.
La causa cayó en el Juzgado de Paz de Escobar, a cargo de la Dra. Claudia Lorena Tatángelo. Para los vecinos, su cercanía política con el intendente era evidente y generó desconfianza desde el primer día. El amparo fue rechazado con prolijidad formal, pero sin hacerse cargo del fondo de lo que se estaba discutiendo: la legalidad y la razonabilidad de habilitar un bingo en ese lugar.
En ese momento quedó claro que la pelea no iba a ser corta. Ni para los vecinos ni para mí. Pero ellos no se desarmaron: siguieron viniendo, preguntando, tomando nota, exigiendo explicaciones.
Mientras íbamos de reunión en reunión, de escrito en escrito, con carpetas, fotocopias, planos y ordenanzas subrayadas, había una frase que se repetía en mi cabeza, de El arriero, de Atahualpa Yupanqui: “Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.”
Eso era exactamente lo que estaba pasando.
Las penas eran de los vecinos: ruido, tránsito, inseguridad, pérdida de calidad de vida, subestimación, puertas cerradas del Concejo.
Las “vaquitas”, en cambio, eran ajenas: el negocio del juego, la recaudación, los intereses económicos que nadie explicaba del todo pero todos intuían.
Mientras el poder municipal se movía como si el distrito fuera un campo propio, los vecinos siguieron avanzando como arrieros: un paso detrás de otro, reunión detrás de reunión, firma detrás de firma. Yo los acompañaba desde los expedientes: cada presentación judicial era, en el fondo, una forma de documentar esa marcha larga.
Después del rechazo del amparo, los vecinos no quisieron quedarse solo en la discusión sobre el impacto. Me pidieron ir más al fondo: no solo cuestionar el bingo, sino atacar la raíz jurídica del problema: la ordenanza misma.
Presentamos entonces una acción pidiendo la nulidad de la ordenanza. Y ahí las cosas empezaron a cambiar.
Lejos de desanimarse, los vecinos decidieron ir más a fondo. Presentamos entonces una acción pidiendo la nulidad de la ordenanza, que quedó a cargo de la Dra. Mónica Ayerbe, jueza contencioso administrativa. Ella hizo algo elemental pero decisivo: tomó en serio los planteos, escuchó a las partes y le pidió al Municipio que mostrara lo que decía tener. En ese expediente, Ayerbe requirió que se acompañara el supuesto masterplan al que la ordenanza decía ajustarse y que se identificara a los responsables técnicos o funcionarios que lo habían elaborado.
Les requirió dos cosas muy simples:
- Que acompañaran el masterplan.
- Que identificaran a los responsables.
La respuesta del Municipio fue una confesión involuntaria:
- No había masterplan.
- No había responsables identificables.
La ordenanza, en términos jurídicos, se quedaba sin piso. Lo que se presentaba como una decisión seria y planificada no era más que una construcción política colgada del aire.
Desde ese momento, el Municipio entró en modo defensa y la discusión llegó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás. Allí, los jueces Damián Nicolás Cebey y Marcelo José Schreginger revisaron la cautelar dictada en favor de los vecinos y la confirmaron, dejando en claro que la ordenanza no tenía sustento jurídico sólido. Cada nueva presentación del Municipio intentaba tapar con palabras lo que ya no estaba en la realidad: un plan verdadero, un procedimiento respetuoso, una mínima consideración hacia los vecinos.
Mientras tanto, la marcha seguía. Reuniones de noche, vecinos organizando información, leyendo, preguntando, aprendiendo. No era una protesta de un día; era una peregrinación cívica que ellos sostuvieron con constancia y paciencia, y que yo acompañé desde el lugar que me corresponde: el de abogado que representa, no el de protagonista.
El patrón de estancia y la victoria de los vecinos
Cuando la debilidad jurídica de la ordenanza se hizo evidente, cuando el “masterplan” fantasma quedó expuesto y el expediente dejó claro que el procedimiento había sido un desorden disfrazado de institucionalidad, pasó lo que suele pasar cuando el poder siente que puede perder:
Los mismos concejales que habían votado a favor del bingo, votaron ahora para derogar la Ordenanza 6350/2024, la misma norma que había habilitado el proyecto.
Sin explicación profunda.
Sin hacerse cargo de la contradicción.
Sin pedir disculpas a los vecinos a quienes antes no habían escuchado.
Desde el punto de vista político, el giro fue brusco. Desde el punto de vista jurídico, fue la confirmación de algo que veníamos sosteniendo junto con los vecinos desde el principio: esa ordenanza no estaba a la altura de lo que se le puede exigir a un Estado que se dice serio.
Durante todo este proceso, la figura del intendente funcionó como símbolo: no como servidor público, sino como patrón de estancia. Un patrón convencido de que puede decidir sobre el territorio, los negocios y las normas como si todo fuera suyo.
Pero el municipio no es una estancia.
El intendente no es el dueño.
Es, ni más ni menos, un empleado público elegido para administrar recursos que pertenecen a los vecinos.
La derogación de la ordenanza no fue un acto de generosidad del poder, ni una iluminación repentina del gobierno local. Fue el resultado de una resistencia organizada, constante, paciente, sostenida por los vecinos. Mi tarea fue acompañar esa resistencia desde el Derecho: traducir en escritos, audiencias y resoluciones lo que ellos venían sosteniendo en asambleas, reuniones y conversaciones de barrio.
Fue el fruto de esa marcha larga donde, como en El arriero, las penas parecían recaer siempre del lado de los mismos, mientras las “vaquitas” se repartían en otra mesa. Esta vez, la historia terminó distinto porque los vecinos no aflojaron: el negocio no pudo avanzar por encima de la gente.
Lo que queda, al mirar hacia atrás, no es solo la satisfacción de haber frenado un bingo mal planteado. Lo que queda es una lección:
Cuando los vecinos se informan, se organizan, preguntan, insisten y están dispuestos a caminar todo el camino, el patrón de estancia descubre algo que no siempre quiere recordar: que el municipio tiene dueño, sí, pero no es él.
Son los vecinos que, paso a paso, se animaron a decirle que no. Y si algo puede aportar un abogado en una historia así, es simplemente intentar estar a la altura de ese coraje.
Historias como la del bingo de Escobar recuerdan que las decisiones tomadas de espaldas a la gente no son un destino inevitable. Cuando los vecinos se organizan y cuentan con herramientas jurídicas sólidas, una queja aislada puede transformarse en una defensa concreta del lugar donde viven.
Mi trabajo, en este caso, fue eso: acompañar ese proceso desde el Derecho, para que lo que empezó como un detalle administrativo no terminara siendo una renuncia silenciosa.