La intimación para que un trabajador inicie su jubilación es uno de esos temas que muchas empresas creen sencillo hasta que lo ejecutan mal. Se mira la edad del empleado, se supone que “ya se podría jubilar”, se envía una carta documento y se considera que el problema está encaminado. Jurídicamente, ese razonamiento puede ser bastante más caro que el sello postal.
La regla vigente en Argentina es precisa: el empleador no puede intimar a un trabajador a jubilarse simplemente porque haya alcanzado la edad jubilatoria ordinaria. Para ejercer la facultad prevista por el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, en términos generales el trabajador debe haber cumplido 70 años de edad y reunir además los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU).
Esto significa algo que conviene dejar claro desde el inicio: que una mujer pueda jubilarse voluntariamente desde los 60 años o un hombre desde los 65 no significa que la empresa pueda intimarlos a hacerlo a esas edades. Son dos situaciones jurídicas distintas.
Además, durante 2026 apareció una novedad relevante. El Decreto 407/2026 reglamentó el artículo 252 y ordenó a ANSES implementar un sistema para notificar a los empleadores el inicio y la finalización de los trámites jubilatorios. La modificación apunta a mejorar la trazabilidad de un procedimiento que durante años dejó demasiadas zonas grises en la gestión empresarial.
¿Cuándo puede una empresa intimar a un empleado a jubilarse?
Para una relación laboral alcanzada por el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo, no alcanza con mirar el documento del empleado y contar cumpleaños.
El artículo 252 establece dos condiciones centrales que deben verificarse conjuntamente:
- que el trabajador haya cumplido 70 años de edad;
- que reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal.
La segunda condición suele ser la que las empresas manejan peor. El régimen previsional exige, como regla general, acreditar 30 años de servicios con aportes, sin perjuicio de los mecanismos legales que puedan resultar aplicables para completar o compensar servicios según la situación particular del trabajador.
Por eso, cumplir 70 años no alcanza por sí solo.
Un trabajador puede tener la edad y no reunir todavía los servicios computables necesarios. Puede haber períodos que no figuren correctamente, aportes realizados bajo otros regímenes, reconocimientos pendientes, servicios autónomos, cajas provinciales, actividades diferenciales o cuestiones previsionales que modifiquen el análisis.
Antes de intimar, la empresa debería saber razonablemente si están dadas las condiciones jurídicas para hacerlo. Mandar la comunicación primero y estudiar el problema después invierte exactamente el orden que debería seguir una política seria de recursos humanos.
La edad jubilatoria no es la edad de intimación
Este es probablemente el error conceptual más frecuente.
Una mujer que reúne los requisitos previsionales puede solicitar voluntariamente su jubilación a partir de los 60 años. Un hombre puede hacerlo, en términos generales, desde los 65. Pero el artículo 252 protege la continuidad laboral hasta los 70 años frente a una intimación unilateral del empleador.
En otras palabras: el derecho del trabajador a jubilarse antes no se transforma automáticamente en el derecho de la empresa a obligarlo a jubilarse antes.
La diferencia no es semántica. Puede definir si la extinción posterior del contrato queda correctamente encuadrada como consecuencia del procedimiento jubilatorio o si termina siendo discutida como un despido con las consecuencias indemnizatorias correspondientes.
¿Qué debe hacer la empresa cuando están reunidos los requisitos?
Cuando el trabajador alcanzó los 70 años y reúne los requisitos previsionales exigidos, el empleador puede intimarlo formalmente para que inicie los trámites jubilatorios.
Pero la intimación no significa que la relación laboral termine ese día.
Todo lo contrario.
Desde la intimación comienza un período durante el cual el empleador debe mantener vigente la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio jubilatorio o hasta que transcurra un máximo de un año, lo que ocurra primero. La propia intimación funciona además como preaviso, por disposición expresa del artículo 252.
Por lo tanto, una empresa no debería razonar: “lo intimamos a jubilarse, entonces le damos la baja”. Eso sería confundir el comienzo del procedimiento con su final.
La secuencia correcta exige verificar requisitos, intimar, entregar la documentación correspondiente, mantener el vínculo y controlar posteriormente qué ocurrió con el trámite previsional.
La empresa también tiene obligaciones
El artículo 252 no impone solamente una carga al trabajador. Al ejercer esta facultad, el empleador debe poner a disposición los certificados de servicios y la demás documentación necesaria para tramitar el beneficio.
Este punto merece una revisión previa especialmente en empresas con trabajadores de mucha antigüedad.
Si existen inconsistencias registrales, períodos deficientemente registrados, remuneraciones incorrectamente informadas, cambios societarios, transferencias de establecimientos o antecedentes laborales que no coinciden con los registros previsionales, el procedimiento puede convertirse en una auditoría involuntaria de décadas de relación laboral.
Como abogado y contador, considero que éste es precisamente uno de los casos donde la cuestión laboral y la previsional no deberían analizarse en compartimentos separados. Antes de enviar una intimación conviene revisar simultáneamente la historia laboral, los aportes registrados, la documentación de la empresa y la situación previsional concreta del trabajador.
¿Qué cambió en 2026?
Conviene hacer una precisión porque alrededor de las reformas laborales suele aparecer una nube de interpretaciones bastante creativas.
La Ley de Modernización Laboral 27.802 no redujo la edad de 70 años prevista por el artículo 252. El texto actualizado de la Ley de Contrato de Trabajo mantiene esa condición conforme a la modificación introducida originalmente por la Ley 27.426.
La novedad específica de 2026 surge del Decreto 407/2026, publicado el 1 de junio de 2026.
La reglamentación instruyó a ANSES para implementar un sistema mediante el cual se comunique a los empleadores y a los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud el inicio y la finalización del trámite jubilatorio. La finalidad declarada es permitir que conozcan oportunamente el otorgamiento del beneficio y puedan adoptar las decisiones correspondientes respecto del vínculo laboral y la cobertura sanitaria.
Esto es particularmente relevante porque uno de los problemas históricos del procedimiento era conocer con precisión cuándo había sido concedida la jubilación.
La nueva trazabilidad debería reducir esa incertidumbre. Pero también hace más importante que Recursos Humanos, administración y asesores externos trabajen coordinadamente: si el sistema comunica un hecho jurídicamente relevante, la empresa necesita tener definido previamente qué hará frente a esa notificación.
¿Cuándo termina entonces la relación laboral?
Una vez intimado correctamente el trabajador, existen básicamente dos momentos capaces de producir el efecto previsto por el artículo 252.
El primero es el otorgamiento del beneficio jubilatorio.
El segundo es el vencimiento del plazo máximo de un año contado desde la intimación.
Producido alguno de esos supuestos, la ley establece que el contrato queda extinguido sin obligación del empleador de pagar la indemnización por antigüedad correspondiente al despido sin causa.
Precisamente por eso resulta tan importante hacer correctamente el procedimiento. La empresa pretende utilizar una causal legal de extinción que puede excluir una indemnización potencialmente significativa. No es un terreno razonable para trabajar con modelos de carta documento copiados de una carpeta de Recursos Humanos creada en 2011 y transmitida ceremonialmente de gerente en gerente.
Los errores más frecuentes de las empresas
En la práctica empresarial hay varios errores que deberían evitarse.
El primero es intimar únicamente por edad. Cumplir 70 años es condición necesaria, pero debe analizarse también si están reunidos los requisitos previsionales.
El segundo es intimar a los 60 o 65 años. Que el trabajador pueda jubilarse voluntariamente no habilita, bajo el régimen general, al empleador a utilizar anticipadamente el procedimiento del artículo 252.
El tercero es no auditar los aportes antes de actuar. La empresa puede descubrir demasiado tarde inconsistencias que ella misma necesita corregir para que el trabajador pueda obtener el beneficio.
El cuarto es confundir intimación con extinción. Luego de intimar, la relación continúa hasta la concesión del beneficio o durante el plazo máximo legal.
El quinto es no documentar adecuadamente el procedimiento. Fecha de intimación, recepción, certificados entregados, comunicaciones, información previsional y eventual notificación de ANSES deberían formar parte de un legajo específico.
El sexto es automatizar la decisión. Una nómina de empleados mayores de determinada edad sirve para detectar casos que requieren análisis. No sirve, por sí sola, para decidir intimaciones.
Qué debería revisar una empresa antes de intimar
Mi criterio es que el procedimiento debería empezar varios meses antes del envío de cualquier comunicación formal.
La empresa debería revisar la fecha de nacimiento, antigüedad, historia registral, certificaciones de servicios, aportes declarados, actividad desarrollada, eventual existencia de regímenes especiales o diferenciales y toda otra circunstancia que pueda afectar el derecho previsional.
También debe evaluarse si existen situaciones laborales paralelas que aconsejen especial prudencia. Una intimación jubilatoria no debería utilizarse como mecanismo improvisado para resolver conflictos de desempeño, enfermedades, discusiones internas, actividad sindical o cualquier otro problema que tenga su propio régimen jurídico.
Una cosa es ordenar previsionalmente una relación laboral que llegó regularmente a esa etapa. Otra es intentar vestir de jubilación una decisión extintiva que obedece a otra causa. Los tribunales suelen tener poca simpatía por los disfraces jurídicos cuando las costuras quedan a la vista.
El nuevo rol de ANSES y la gestión empresarial
El Decreto 407/2026 apunta a cerrar una brecha importante: la falta de información directa del empleador respecto del estado del trámite.
ANSES deberá instrumentar el sistema de notificación previsto reglamentariamente. Por eso, antes de adoptar una decisión concreta, corresponde verificar también cuáles son los mecanismos operativos efectivamente habilitados y qué información se encuentra disponible para el empleador en ese momento. La reglamentación ordena implementar el sistema; no conviene suponer funcionalidades administrativas que deben comprobarse en cada caso.
Para empresas con cierta cantidad de personal, esto debería incorporarse a un protocolo laboral interno.
La jubilación de trabajadores no debería gestionarse como un evento aislado cuando alguien cumple años. Debería existir un control periódico de la nómina que permita anticipar qué relaciones laborales se aproximan a los 70 años, qué documentación necesitará cada empleado, qué inconsistencias deben corregirse y qué puestos requieren eventualmente planificación de reemplazo o transferencia de conocimiento.
Ahí aparece la diferencia entre administrar personal y gestionar contingencias laborales. Lo primero registra lo que pasó. Lo segundo intenta evitar que el próximo problema llegue acompañado de una demanda.
Conclusión
La intimación para que un trabajador se jubile puede ser una herramienta legítima del empleador, pero solamente cuando se utiliza dentro de los requisitos del artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La regla general sigue siendo clara: 70 años de edad, requisitos previsionales cumplidos, intimación correctamente instrumentada, documentación disponible y mantenimiento de la relación laboral hasta el otorgamiento del beneficio o durante un máximo de un año.
Durante 2026, el Decreto 407 agregó además un elemento relevante: ANSES deberá comunicar a empleadores el inicio y la finalización del trámite jubilatorio. La empresa contará con mayor información, pero esa información también exige decisiones más ordenadas.
Antes de intimar conviene hacer una revisión laboral y previsional concreta. Una comunicación defectuosa puede transformar una extinción que debía tramitarse ordenadamente en un conflicto indemnizatorio completamente evitable.
Si tu empresa tiene trabajadores próximos a cumplir 70 años, recibió información sobre trámites jubilatorios o necesita revisar cómo implementar correctamente este procedimiento, podés agendar una videollamada gratuita de 20 minutos. La consulta inicial permite revisar el caso, detectar contingencias y definir la estrategia antes de enviar una intimación que después resulte difícil o costoso deshacer.

