Cuando una persona atraviesa un consumo problemático grave y rechaza cualquier tratamiento, la familia suele llegar a una pregunta desesperante: ¿se la puede internar aunque no quiera?
La respuesta es sí, pero no por la sola decisión de la familia ni simplemente porque exista una adicción. La Ley Nacional de Salud Mental incluye expresamente los consumos problemáticos de drogas legales e ilegales dentro de su sistema de protección, pero exige determinadas condiciones para una internación sin consentimiento.
La idea central es bastante sencilla: la ley no prohíbe la internación involuntaria. Lo que prohíbe es que una persona sea privada de su libertad arbitrariamente, sin evaluación médica suficiente o cuando existen alternativas terapéuticas menos restrictivas. La propia práctica judicial reconoce que la Ley de Salud Mental admite la internación y procura, al mismo tiempo, evitar internaciones indefinidas o innecesariamente prolongadas.
¿Cuándo puede internarse a una persona contra su voluntad?
La internación involuntaria es una medida excepcional. Para que proceda debe existir, fundamentalmente, una situación de riesgo cierto e inminente para la propia persona o para terceros y no debe existir otra alternativa eficaz de tratamiento menos restrictiva.
El Código Civil y Comercial agrega que debe tratarse de un riesgo cierto e inminente de un daño de entidad. Además, exige una evaluación interdisciplinaria que explique por qué la internación resulta necesaria y por qué otras alternativas no serían suficientes.
Esto significa que no alcanza simplemente con afirmar que una persona consume drogas o alcohol, que ha tenido recaídas o que se niega a realizar tratamiento. La existencia de un diagnóstico o de un consumo problemático no permite presumir automáticamente que existe peligro. La situación debe evaluarse concretamente y en ese momento determinado.
Por ejemplo, pueden existir episodios de consumo muy graves en los cuales la persona pierde seriamente el control de su conducta, se expone a situaciones que comprometen su vida o integridad, amenaza o pone en riesgo a terceros, presenta episodios de descompensación o atraviesa otras circunstancias que requieren una evaluación urgente. Pero será el equipo de salud quien deberá determinar profesionalmente si ese cuadro cumple los requisitos legales.
¿La familia puede pedir una internación involuntaria?
La familia puede intervenir, pedir asistencia y promover la evaluación de la persona, pero no decide por sí misma la internación.
Este punto genera buena parte de la confusión. Un padre, una madre, un hijo, una pareja o un hermano pueden advertir una situación extremadamente grave y solicitar ayuda, pero la indicación terapéutica corresponde al sistema de salud.
La Ley 26.657 exige un dictamen del servicio asistencial que determine la existencia del riesgo cierto e inminente. Deben intervenir dos profesionales de diferentes disciplinas y uno de ellos debe ser psicólogo o médico psiquiatra. También debe dejarse constancia de que no existe otra alternativa eficaz y, cuando corresponda, de las medidas que se intentaron previamente.
Por eso, plantear el problema como “quiero que un juez ordene internar a mi familiar” suele empezar por el lugar equivocado. Primero hay una cuestión sanitaria que debe evaluarse técnicamente. La intervención jurídica sirve para garantizar que esa evaluación se produzca, que las instituciones cumplan sus obligaciones y que, cuando corresponda, exista una respuesta judicial rápida.
¿Entonces qué función cumple el juez?
En términos generales, el juez no reemplaza al equipo médico ni elige el tratamiento. Su función principal es controlar la legalidad de la internación y proteger los derechos de la persona.
Una internación involuntaria debidamente fundada debe ser comunicada al juez competente y al órgano de revisión dentro de las diez horas. Luego deben incorporarse las constancias exigidas legalmente y el juez debe controlar si efectivamente se encuentran reunidos los requisitos que justifican semejante restricción de la libertad.
La doctrina basada en la práctica judicial también distingue con claridad ambos roles: la decisión sanitaria corresponde al equipo de salud; la actuación judicial aparece inmediatamente después para controlar su legalidad, mientras que el alta, la externación y los permisos de salida corresponden, en principio, al equipo tratante.
Existe, sin embargo, una situación particularmente importante: la propia Ley 26.657 contempla que el juez pueda ordenar la internación cuando se encuentren reunidos los requisitos legales y el servicio de salud responsable de la cobertura se niegue a realizarla.
Ese supuesto explica por qué la intervención de un abogado puede resultar decisiva cuando la familia viene recorriendo hospitales, prestadores, obras sociales o prepagas sin obtener una respuesta concreta.
¿Qué ocurre si la situación es urgente?
Cuando existe un peligro actual que no admite demoras, la prioridad no es iniciar un expediente judicial y esperar tranquilamente a que la burocracia descubra el concepto de urgencia. Debe activarse inmediatamente el sistema sanitario de emergencias.
El Código Civil y Comercial permite que la autoridad pública disponga el traslado de una persona a un centro de salud para su evaluación cuando existe riesgo cierto e inminente y la situación no admite dilaciones. Los servicios públicos de salud y las fuerzas de seguridad deben prestar auxilio en esos casos.
Trasladar a una persona para que sea evaluada no significa que automáticamente vaya a quedar internada. El equipo de salud deberá determinar si corresponde la internación, si existe otra alternativa terapéutica o si puede continuarse el tratamiento bajo otra modalidad.
¿Qué puede hacer un abogado por la familia?
La intervención jurídica no consiste simplemente en presentar un escrito pidiendo que alguien sea internado. En muchas situaciones, el verdadero problema es otro: el sistema de salud no responde, deriva indefinidamente a la familia, rechaza la atención, discute la cobertura o ninguna institución asume concretamente la evaluación del paciente.
En esos casos, un abogado puede ayudar a reconstruir la situación, determinar qué organismo o prestador debe intervenir y definir si corresponde efectuar intimaciones, reclamar cobertura o iniciar una acción judicial urgente.
Según las circunstancias, puede ser necesario:
- reunir antecedentes médicos, psicológicos o psiquiátricos disponibles;
- documentar tratamientos anteriores, recaídas e internaciones previas;
- identificar episodios recientes que permitan explicar concretamente la situación de riesgo;
- obtener constancia de pedidos de asistencia o evaluaciones realizadas;
- documentar negativas o demoras de hospitales, clínicas, obras sociales o empresas de medicina prepaga;
- solicitar formalmente una evaluación interdisciplinaria;
- reclamar la cobertura de las prestaciones indicadas por los profesionales;
- y evaluar una presentación judicial urgente cuando el sistema sanitario no brinda la respuesta que corresponde.
La ventaja de actuar con asesoramiento desde el comienzo es evitar dos errores opuestos y bastante frecuentes: pretender una internación sin que existan los requisitos legales o resignarse ante una negativa cuando la situación realmente requiere una intervención urgente.
¿Una obra social o prepaga puede desentenderse?
Los consumos problemáticos forman parte del ámbito de protección de la salud mental y la Ley 26.657 alcanza a los servicios y efectores públicos y privados. La atención no puede ser rechazada simplemente porque el problema sea de salud mental o de consumo de sustancias.
Otra cuestión distinta será determinar cuál es concretamente la prestación indicada: tratamiento ambulatorio, hospital de día, dispositivo especializado, internación u otra modalidad. Esa decisión requiere evaluación profesional.
Pero si existe una indicación médica o una situación que exige evaluación y la obra social, prepaga o prestador comienza con negativas, derivaciones interminables o falta de respuesta, puede corresponder un reclamo urgente e incluso una acción de amparo con una medida cautelar, según las características del caso.
La internación tampoco puede prolongarse indefinidamente
La internación involuntaria no funciona como una autorización para mantener encerrada a una persona hasta que otro decida lo contrario. Debe durar el tiempo estrictamente necesario y mantenerse únicamente mientras subsistan las circunstancias que la justificaron.
La Ley Nacional de Salud Mental establece controles periódicos y dispone que, cuando desaparece la situación de riesgo cierto e inminente, el equipo de salud debe externar a la persona o transformar la internación en voluntaria si existe consentimiento para continuarla.
La persona internada involuntariamente también tiene derecho a contar con un abogado. Puede designarlo personalmente y, si no lo hace, el Estado debe proporcionarle asistencia letrada. Su defensor puede controlar el procedimiento, cuestionar la internación y solicitar la externación.
¿Qué conviene hacer si un familiar está atravesando esta situación?
Cuando existe un consumo problemático serio, improvisar suele empeorar las cosas. Si existe un riesgo inmediato, debe buscarse asistencia sanitaria urgente. Si la situación viene desarrollándose desde hace tiempo, conviene además ordenar los antecedentes y analizar qué tratamientos se realizaron, qué instituciones intervinieron y qué respuestas se obtuvieron.
La familia no tiene que demostrar jurídicamente que una persona “es adicta” para conseguir que alguien la ayude. Lo relevante es conseguir que el sistema de salud evalúe profesionalmente la situación y, cuando exista un riesgo que justifique una internación involuntaria, que se activen las herramientas previstas por la ley.
Y si el problema es que nadie quiere hacerse cargo, una obra social niega cobertura, una institución rechaza la admisión o existe una situación urgente que queda atrapada entre derivaciones administrativas, entonces el conflicto deja de ser exclusivamente médico y puede requerir intervención jurídica.
Conclusión
La Ley de Salud Mental no impide internar involuntariamente a una persona con consumos problemáticos. Exige, razonablemente, que una medida tan seria esté respaldada por una evaluación interdisciplinaria, que exista un riesgo cierto e inminente y que no haya una alternativa terapéutica eficaz menos restrictiva.
Para una familia que atraviesa una situación de este tipo, el objetivo no debería ser simplemente “conseguir una orden de internación”, sino activar correctamente el sistema de salud y obtener una respuesta concreta antes de que el cuadro se agrave.
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