No tengo una posición dogmática sobre la eutanasia. Y desconfío bastante de quienes la tienen demasiado rápido. Es un tema demasiado grave como para despacharlo con slogans, con consignas religiosas o con sentimentalismo de ocasión. Pero sí tengo una convicción firme: en la Argentina hay que abrir el debate. No porque ya sepamos cuál debe ser la respuesta final, sino precisamente porque todavía no la sabemos.
El caso de Noelia Castillo, la joven de Barcelona cuya eutanasia quedó atrapada durante meses en una batalla judicial y familiar, vuelve a poner el tema frente a nuestros ojos con una crudeza difícil de ignorar. España regula la eutanasia desde 2021 y, sin embargo, la solicitud de Noelia —aprobada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña en 2024— quedó demorada durante alrededor de veinte meses por impugnaciones impulsadas por su padre y apoyadas por la asociación Abogados Cristianos; en marzo de 2026, además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó frenar cautelarmente el procedimiento. La lección es clara: incluso en un sistema que ya tiene ley, el conflicto no desaparece; cambia de forma. Deja de ser un tabú legislativo y pasa a ser un choque entre autonomía, familia, sufrimiento irreversible, garantías y control judicial.
En la Argentina, mientras tanto, seguimos en otro escalón de la conversación. La Ley 26.742, que modificó la Ley 26.529, habilita al paciente a rechazar procedimientos extraordinarios o desproporcionados y a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos, incluso cuando ello produzca como consecuencia el acortamiento del tiempo de vida en situaciones irreversibles o terminales. Pero el artículo 11 de la misma norma dispone que las directivas anticipadas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas «se tendrán por inexistentes». En la Argentina hoy existe un derecho a no ser sometido a un encarnizamiento terapéutico, pero no existe una habilitación legal para provocar activamente la muerte del paciente.
Esta distinción importa mucho más de lo que suele creerse. En el debate público se mezclan con una liviandad alarmante la eutanasia, la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados paliativos, la sedación paliativa, las directivas anticipadas y hasta el suicidio asistido. Todo parece entrar en una misma bolsa conceptual, y cuando el lenguaje se vuelve impreciso, el pensamiento suele seguirlo por el mismo barranco. Antes de preguntarnos si la eutanasia debería convertirse o no en un derecho, hay que admitir una verdad previa: hoy no lo es, y nuestra legislación vigente fue pensada para otro problema.
El resto de América Latina ya tomó nota. Colombia tiene un procedimiento operativo reglamentado desde 2021. Ecuador despenalizó la eutanasia activa por vía de su Corte Constitucional en 2024. Uruguay sancionó en 2025 la Ley 20.431, que reconoce la posibilidad de solicitarla bajo condiciones específicas. No son modelos perfectos ni trasladables automáticamente, pero confirman algo elemental: la Argentina no puede seguir comportándose como si el problema no existiera. El silencio no es neutral. El silencio también toma partido.
Mi postura no es la de quien reclama una ley inmediata de eutanasia. Es más modesta y, por eso, más urgente: abrir el debate público en serio. No queremos una banalización de la muerte convertida en trámite; pero tampoco podemos seguir refugiándonos en el silencio. Entre la caricatura grotesca y la clausura moral del tema existe un espacio inmenso de derecho, bioética, filosofía política, medicina y prudencia institucional. Ese es el espacio que deberíamos animarnos a ocupar.
Tampoco creo que la discusión deba limitarse a los pacientes terminales. El debate debería alcanzar también a quienes padecen condiciones irreversibles, crónicas o imposibilitantes que destruyen de modo permanente su calidad de vida. Reducir el sufrimiento humano a una mera cuenta regresiva biológica sería una simplificación brutal. Una persona puede no estar técnicamente en fase terminal y, sin embargo, encontrarse atrapada en una existencia devastada, sin horizonte razonable de mejora. Negarse siquiera a discutir esos supuestos sería una forma elegante de cobardía intelectual.
Dicho eso, el caso del sufrimiento psíquico aislado me genera mayor reserva. No porque el dolor mental valga menos que el físico, sino porque su determinación, su pronóstico, sus causas y su eventual reversibilidad presentan dificultades mucho más resbaladizas. No me convence que baste una apelación genérica al sufrimiento subjetivo para habilitar una decisión tan extrema, ni que sea responsable un sistema que convierta una crisis oscura pero acaso reversible en una puerta de salida definitiva.
Si alguna vez la Argentina decidiera avanzar, el procedimiento debería ser exigente sin ser cruel, y rápido sin ser improvisado. Información completa, evaluaciones médicas independientes, intervención de salud mental cuando corresponda, plazos reales de reflexión y una ratificación seria de la voluntad. Incluso el caso Noelia muestra que una ley no evita por sí sola la judicialización; lo que sí puede hacer una buena regulación es reducir la arbitrariedad, ordenar quién interviene, cuándo interviene y hasta dónde puede llegar esa intervención.
En ese punto, el lugar de la familia merece una reflexión incómoda. Una persona adulta, capaz, informada y persistente en su decisión no debería ver anulada su voluntad por la sola oposición emocional de sus parientes. Pero tampoco me convence borrar a la familia del escenario, como si no existieran presiones, manipulaciones o diagnósticos apresurados. La clave no está en el veto familiar ni en su irrelevancia absoluta: está en diseñar un procedimiento en el que los terceros puedan alertar irregularidades objetivas sin apropiarse de la decisión.
Hay un aspecto que para mí resulta central y que debería ser uno de los pilares del debate argentino: la eutanasia no puede ser la única salida cuando, en todo caso, debería discutirse apenas como la última. Un país que no garantiza de manera efectiva rehabilitación, analgesia, paliativos, apoyo psicológico, acompañamiento familiar, acceso oportuno a medicamentos y un sistema sanitario razonablemente funcional pisa un terreno moral peligrosísimo si pretende incorporar una vía de muerte asistida sin discutir primero todo lo demás.
Porque entonces la decisión deja de ser enteramente libre. Pasa a estar contaminada por el abandono, por la desatención, por la pobreza institucional y por esa costumbre tan argentina de reconocer derechos en el papel mientras se los niega en la práctica. Si un paciente pide morir porque no consigue medicación, porque nadie le brinda paliativos, porque la cobertura médica lo empuja hacia un sufrimiento evitable, entonces la eutanasia deja de ser una expresión pura de autonomía y empieza a parecerse a una derrota del Estado. Y cuando el Estado fracasa así, legalizar la salida final sin corregir antes ese fracaso puede ser menos un acto de compasión que una renuncia.
Tampoco el debate sobre las directivas anticipadas puede tratarse a la ligera. Si alguna vez se admitiera una instrucción previa orientada a un escenario eutanásico, debería estar rodeada de un nivel de comprensión y formalidad mucho mayor que el de una simple firma mecánica. Estamos hablando de dejar trazada, para un futuro en que quizás uno ya no pueda hablar, una decisión sobre la propia muerte y de trasladarle a otro el peso moral de ejecutarla. Ese nivel de responsabilidad exige una cultura jurídica e institucional bastante más madura que la que hoy tenemos.
¿Cómo debería empezar ese debate? Con un primer paso institucional concreto. Que el Congreso convoque una comisión especial, que la integren juristas, bioeticistas, profesionales de la salud, representantes de asociaciones de pacientes y organizaciones religiosas y laicas. Que esa comisión produzca, en un plazo razonable, un dictamen público que releve la evidencia comparada, identifique los nudos éticos y jurídicos, y proponga un marco de discusión. No un proyecto de ley apresurado. Un mapa del problema. Que se abra una consulta pública formal. Que el Comité Nacional de Bioética emita un pronunciamiento actualizado. En una democracia adulta, legislar sin ese trabajo previo no es audacia: es irresponsabilidad.
No creo que la eutanasia deba celebrarse ni banalizarse ni venderse como progreso automático. Pero tampoco creo que un tema así deba seguir encerrado entre el miedo, el dogma y el silencio. Abrir el debate no obliga a legalizar. Obliga, apenas, a pensar. Y en una democracia seria, pensar antes de legislar no es una debilidad: es una obligación.
Discutamos la eutanasia en la Argentina. Discutámosla sabiendo que el derecho a la vida no se protege con consignas vacías, pero también sabiendo que la autonomía personal no puede convertirse en una coartada para que el sistema sanitario se lave las manos. Si alguna vez damos ese paso, que sea con una convicción clara: la eutanasia no puede nacer como la respuesta a un sistema devastado. Solo podría discutirse con honestidad en un país que haya hecho todo lo razonablemente posible para que nadie la elija por abandono. Solo entonces dejaría de ser la única salida y podría, con todas las reservas del caso, pensarse como la última.
Fuentes: