Introducción
Las estafas bancarias y fintech ya no son casos aislados: son una realidad cotidiana que impacta en personas y empresas. La escena suele repetirse con precisión quirúrgica: un llamado se hace pasar por “Seguridad del banco”, el usuario es inducido a “proteger su cuenta”, en minutos se gestiona un crédito exprés desde la app y el dinero vuela a una cuenta tercera. Cuando llega el primer débito de cuotas, el daño ya está en curso.
Este artículo ofrece una guía práctica y jurídica para actuar rápido, pedir una medida cautelar que suspenda el cobro y ordenar la estrategia probatoria. La tesis que sostengo es clara: el estándar de responsabilidad de bancos y fintech frente a fraudes previsibles debe ser cuasi objetivo, con altos deberes de seguridad y tutela efectiva del consumidor. La ingeniería social no traslada la culpa a la víctima cuando la arquitectura del servicio permite que la maniobra prospere.
Qué entendemos por estafa bancaria digital hoy
Modalidades frecuentes
- Phishing: sitios o correos falsos que capturan credenciales.
- Vishing: llamadas que simulan legitimidad institucional y conducen a operar la app del cliente.
- Smishing: mensajes de texto o WhatsApp con enlaces urgentes a supuestas “alertas”.
- SIM swapping: duplicado ilícito de la línea; el atacante recibe SMS y tokens.
- Crédito exprés y transferencia inmediata: el guion culmina con un préstamo tomado desde la app de la víctima y una transferencia veloz a un CBU de terceros.
El guion típico del crédito exprés
- llamada “del banco” con tono de emergencia, 2) instrucciones para “asegurar” la cuenta, 3) generación de un préstamo instantáneo, 4) transferencia de los fondos a un tercero, 5) débito automático de cuotas en los períodos siguientes. El estafador se queda con el dinero; el cliente, con la deuda… salvo que actúe a tiempo.
Marco jurídico: un estándar de seguridad cuasi objetivo
Deber de seguridad y defensa del consumidor
La relación banco/fintech–usuario es una relación de consumo. El proveedor debe brindar un servicio razonablemente seguro para el nivel de riesgo del canal digital. Ese deber se traduce en controles antifraude robustos, autenticación fuerte, detección de patrones inusuales, límites operativos preventivos y respuesta diligente ante incidentes.
Por qué la ingeniería social no convierte al cliente en “culpable”
La ingeniería social explota vulnerabilidades previsibles de los sistemas y de los flujos de atención. Si, por ejemplo, un estafador convence a un usuario con ingresos modestos para “aceptar” un préstamo por millones desde su propia app, lo decisivo no es culpar al cliente por caer en el engaño, sino preguntarse por qué el sistema autorizó una operación de alto riesgo sin barreras adicionales:
- ¿Se validó idoneidad crediticia frente a un salto abrupto de endeudamiento?
- ¿Se aplicaron límites y “cooling-off” para créditos fuera de patrón?
- ¿Existió una doble verificación efectiva, por canal distinto al comprometido?
- ¿Se dispararon alertas por monto, horario, IP o dispositivo inusual?
Bancos y fintech tienen obligación de no colocar al consumidor en situación de riesgo con productos y procesos que facilitan endeudamientos abusivos o técnicamente temerarios. La tutela debe ser robusta, anticipatoria y efectiva.
Primeras 48 horas: protocolo de acción
- Cortar la comunicación y verificar por canal oficial. Si te llaman “del banco”, colgá y llamá vos al número que tenés en tu tarjeta o en la app.
- Bloquear accesos y cambiar credenciales. Cerrar sesiones, modificar contraseñas, activar segundo factor por app de códigos. Ante sospecha de SIM swapping, recuperar la línea con la operadora y bloquear duplicados.
- Desconocer operaciones ante el banco/fintech. Registrar número de reclamo, pedir la constancia y exigir preservación de evidencia técnica.
- Denuncia penal por estafa/ciberdelito. Adjuntar capturas, tickets y cada hito temporal.
- Carta documento o presentación administrativa invocando deber de seguridad, desconocimiento del crédito y solicitud de preservación de logs, direcciones IP y matrices de riesgo aplicadas.
- Medida cautelar innovativa inmediata: pedir suspensión del cobro, abstención de reportar a centrales de riesgo, retroacción de mora e intereses y mantenimiento del status quo hasta que se esclarezca el fondo.
- Ordenar la prueba desde el inicio: cronología minuto a minuto, estados de cuenta, capturas de app y chats de soporte.
Cautelar estándar: qué pedir y cómo probarlo
Requisitos y justificación
- Verosimilitud del derecho: incoherencias entre perfil del cliente y la operatoria, salto de endeudamiento, cronología comprimida, dispositivo o IP inusuales, ausencia de verificación fuerte, chats o llamadas que evidencian inducción.
- Peligro en la demora: el débito de cuotas generará perjuicios crecientes, afectará liquidez y dañará reputación crediticia.
- Contracautela razonable: acorde a la naturaleza alimentaria de ingresos, hipervulnerabilidad y asimetría técnica.
Medidas concretas a solicitar
- Suspensión de débitos de cuotas, cargos e intereses del préstamo cuestionado.
- Abstención de reportar a bases crediticias y retiro de reportes ya enviados mientras dure el proceso.
- Retroacción de mora e intereses que se hayan cargado durante la tramitación.
- Prohibición de innovar en la situación crediticia del consumidor.
- Preservación y exhibición de evidencia técnica: logs de acceso, IPs, dispositivos, validaciones de riesgo, alertas, decisiones automatizadas y grabaciones de call center.
- Oficios a la empresa telefónica por posible SIM swapping y a recipientes de transferencias para trazar el destino del dinero.
Vía y competencia. Mediación
Se tramita en el fuero civil y comercial (o comercial, según el caso), encuadrado en consumo. Avanzamos directo con la cautelar para cortar el daño, sin perjuicio de cumplir con la mediación prejudicial obligatoria correspondiente.
Cómo se prueba: carga dinámica y evidencia técnica
- Cronología detallada: llamada, préstamo, acreditación y transferencias.
- Capturas de la app y del homebanking.
- Extractos y resúmenes bancarios.
- Tickets de soporte, correos y chats.
- Denuncia penal y constancias.
- Informe técnico requerido a la entidad: IPs, geolocalización, huella de dispositivo, intentos de login, fallas de autenticación, cambios de límites, alertas de scoring.
- Perfil transaccional previo que muestre ruptura de patrón.
- Sospecha de SIM swapping: gestiones y reporte con la telefónica.
La prueba técnica está en poder del proveedor. La carga dinámica permite exigirle su producción. Respuestas evasivas o incompletas suelen operar en su contra.
Caso real de mi estudio: suspensión de cobro frente a una fintech
En un expediente reciente, una clienta fue inducida telefónicamente a “proteger” su cuenta. Bajo ese guion, desde su propia app se gestionó un préstamo por un monto muy superior a su capacidad económica y los fondos se derivaron de inmediato a un tercero. Intervine de manera urgente: denuncia penal y medida cautelar para suspender cobros y evitar reportes negativos.
El juzgado hizo lugar. Ordenó frenar el débito de cuotas, abstenerse de informar a centrales de riesgo y preservar la evidencia técnica. Esto nos permitió discutir el fondo sin que la víctima siguiera financiando un crédito viciado. Fue una decisión relevante porque explicitó que, ante maniobras de ingeniería social previsibles, el servicio financiero debe contar con barreras eficaces y una respuesta de contención rápida.
Por qué bancos y fintech comparten el mismo estándar
La innovación no reduce el deber de seguridad. Las fintech operan productos masivos, con onboarding y crédito instantáneo. Precisamente por la escala y velocidad, su estándar debe ser equivalente al bancario, con controles reforzados, límites por perfil, validaciones fuera de banda y sistemas de alerta que frenen operaciones “fuera de patrón”. Un sistema que permite endeudamientos desproporcionados en minutos, sin barreras adicionales, expone al consumidor y traslada un riesgo que el proveedor debe gestionar.
Respuestas breves a preguntas frecuentes
- “Pero el préstamo lo saqué ‘yo’ desde mi celular, ¿pierdo?” No. La operación guiada por ingeniería social no borra el deber de seguridad. Se evalúa si el proveedor ofreció barreras eficaces y si reaccionó con diligencia.
- “¿Debo seguir pagando mientras discuto?” Con la cautelar buscamos suspender cobros e intereses hasta que el juzgado resuelva el fondo.
- “¿Pueden informarme a Veraz u otra base?” Pedimos abstención de reportar y retiro de reportes ya efectuados mientras dure el proceso.
- “¿Alcanza con un reclamo interno?” Es un paso útil para documentar, pero cuando hay débitos en curso, la vía judicial urgente es lo que corta el daño.
- “¿Sirve denunciar penalmente?” Sí. Aporta trazabilidad y fortalece la tutela. Se tramita en paralelo al reclamo civil/comercial.
Checklist práctico para el cliente
Documentación mínima
- DNI y datos de contacto.
- Cronología con fechas y horas exactas.
- Capturas de pantalla de la app, mails, SMS y chats.
- Extractos bancarios y detalle de movimientos.
- Número de reclamo ante el banco/fintech y constancia.
- Denuncia penal y su carátula.
- Datos de la línea telefónica en caso de SIM swapping.
Acciones inmediatas
- cambiar contraseñas y cerrar sesiones,
- recuperar línea y bloquear duplicados,
- denunciar y desconocer operaciones,
- enviar carta documento,
- iniciación judicial con cautelar.
Modelo orientativo de carta documento
Remitente: [Nombre y DNI]
Destinatario: [Banco/Fintech – Área de Atención]
Objeto: Desconocimiento de préstamo y operaciones; preservación de evidencia; solicitud de tutela urgente.
Me dirijo a Uds. a fin de desconocer el préstamo N.º [xxxx], acreditado el [fecha], y las transferencias subsecuentes por [monto], por constituir resultado de fraude/ingeniería social. Intimo, en el marco de la normativa de consumo y del deber de seguridad, a: a) suspender todo débito y cargo derivado del citado préstamo; b) abstenerse de reportar y/o retirar cualquier reporte negativo; c) retrotraer mora e intereses; d) preservar y exhibir la evidencia técnica (logs de acceso, IPs, dispositivos, geolocalización, alertas y matrices de riesgo aplicadas); e) informar medidas de seguridad vigentes y análisis de riesgo aplicado a la operatoria cuestionada. Queda reservado el inicio de acciones judiciales y penal correspondientes. Plazo: 48 horas.
Firma, aclaración y domicilio.
Recomendaciones preventivas para usuarios y pymes
- Autenticación con app de códigos, no solo SMS.
- Límite de montos y bloqueos temporales para créditos exprés.
- Notificaciones en tiempo real por canal alternativo.
- Política interna de respuesta a incidentes y un “árbol de decisiones”.
- Educación del personal para no operar bajo presión telefónica.
- Auditoría periódica del perfil transaccional y de permisos en la app.
Conclusión
La mejor defensa contra las estafas digitales es una combinación de tiempo y técnica: actuar dentro de las primeras 48 horas, preservar evidencia, y pedir una cautelar estándar que suspenda cobros, evite reportes y retrotraiga intereses mientras se analiza el fondo. La responsabilidad de bancos y fintech frente a fraudes previsibles debe ser alta y efectiva, acorde al riesgo del canal y a la masividad de los productos. El cliente no está obligado a financiar un crédito nacido del engaño; la ley lo ampara y los tribunales cuentan con herramientas para cortar el daño.
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