Un incidente ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires puso en evidencia las tensiones entre el derecho legítimo de poseer armas y el desconocimiento —o desinterés— de ciertos agentes del Estado en aplicar correctamente la ley. El caso derivó en la detención de un ciudadano con toda la documentación legal, el secuestro de su vehículo y pertenencias, y la apertura de una causa penal que finalmente fue archivada en tiempo récord tras una intervención técnica que permitió aclarar la legalidad del hecho.
El evento tuvo lugar el domingo 15 de junio de 2025, en pleno Día del Padre. Un legítimo usuario de armas se vio involucrado en un accidente de tránsito menor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras chocar contra un vehículo estacionado, permaneció en el lugar para esperar a la policía.
El control de alcoholemia al que fue sometido arrojó resultado negativo (0.0). Al ser consultado sobre su procedencia, explicó que regresaba de una jornada de tiro deportivo en Rosario y que transportaba armas en el baúl.
El usuario exhibió la documentación legal correspondiente. Sin embargo, una de las armas figuraba a nombre de otro legítimo usuario, situación expresamente autorizada por el Decreto 395/75, artículo 62, que regula el préstamo legal de armas entre usuarios habilitados.
A pesar de este marco legal claro, el personal policial decidió esposarlo y mantenerlo detenido en el patrullero durante más de dos horas, generando una privación de la libertad que fue calificada de injustificada por expertos.
La policía informó a la fiscalía la presunta “tenencia ilegal de arma de guerra” (artículo 189 bis del Código Penal), omitiendo explicar el régimen legal que habilita el transporte de armas prestadas entre legítimos usuarios.
Basándose en esta versión incompleta, la fiscalía dispuso:
- El secuestro del vehículo completo,
- La incautación de todas las armas,
- Como así también de todas las pertenencias personales, incluyendo ropa, calzado, accesorios de tiro, fundas, miras, cargadores y banderas de descargado.
El afectado fue liberado tras su declaración, pero sus bienes permanecieron bajo custodia policial.
El lunes posterior al hecho fue feriado, lo que impidió avanzar de inmediato. El martes, el legítimo usuario se presentó en la fiscalía, pero las actuaciones aún no habían sido remitidas desde la comisaría.
Recién el miércoles ingresaron formalmente en el sistema judicial. Durante todo este tiempo, el vehículo, las armas y las pertenencias personales permanecieron secuestrados, generando incertidumbre y complicaciones para su propietario.
En este contexto, el Dr. Juan Manuel Escobar brindó asistencia técnica pro bono (de manera completamente gratuita) al usuario afectado. Elaboró el escrito que permitió encauzar el planteo jurídico ante la fiscalía, fundamentando con claridad la legalidad del préstamo de armas entre legítimos usuarios y la normativa vigente que lo respalda.
Escobar cuenta con amplia formación y experiencia en materia de armas de fuego, tanto en su funcionamiento como en los aspectos legales de su tenencia y traslado. Es abogado, licenciado en seguridad, perito balístico, instructor de tiro y perito mecánico armero, desempeñándose como consultor especializado en balística. Su intervención fue clave para aportar rigor técnico y jurídico al caso, asegurando que la fiscalía contara con todos los elementos normativos y fácticos para resolver conforme a derecho.
El jueves, apenas un día hábil después de la presentación del escrito elaborado con la asistencia de Escobar, la fiscalía decidió archivar la causa. Además, ordenó la devolución inmediata del vehículo, de todas las armas y de las pertenencias personales del afectado.
El acta de secuestro dejaba en evidencia que la documentación presentada por el usuario acreditaba la tenencia legal y el transporte autorizado conforme a la normativa vigente, lo que confirmaba la improcedencia de la calificación penal inicial.
El caso encendió el debate sobre el desconocimiento de la normativa específica por parte de algunos efectivos policiales, que no solo generó la privación ilegítima de la libertad del usuario, sino también el secuestro innecesario de sus bienes y la apertura de una causa penal sin fundamentos sólidos.
Organizaciones vinculadas al tiro deportivo y usuarios legales de armas han manifestado preocupación por la falta de capacitación de algunos agentes respecto a la legislación que rige el uso y traslado legal de armas en el país.
El afectado expresó públicamente su intención de solicitar sanciones disciplinarias para los agentes intervinientes, sin pretender indemnización económica. Considera que es necesario evitar la repetición de hechos similares y garantizar el respeto irrestricto de los derechos y garantías constitucionales.
Corresponde reconocer de manera especial la labor del Dr. Juan Manuel Escobar en este caso. Su asistencia técnica, brindada de forma totalmente gratuita, fue esencial para esclarecer los hechos y lograr una resolución justa y respetuosa de los derechos del ciudadano involucrado.
Es un honor profesional poder trabajar junto a él, compartir expedientes y aprender cada día de su experiencia y rigor. Escobar representa ese modelo de profesional comprometido con la ley y con la defensa de los derechos individuales, aportando siempre claridad técnica y responsabilidad en cada intervención.
Para quienes necesiten asesoramiento legal serio y comprometido, estamos a disposición para ofrecer un acompañamiento profesional que resguarde sus derechos y garantice un proceso justo.