Un incidente ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires puso en evidencia las tensiones entre el derecho legítimo de portar armas y el desconocimiento —o desinterés— de ciertos agentes del Estado en aplicar correctamente la ley. El caso derivó en la detención de un ciudadano con toda la documentación legal, el secuestro de su vehículo y pertenencias, y la apertura de una causa penal que finalmente fue archivada en tiempo récord tras una intervención técnica que permitió aclarar la legalidad del hecho.
