En los últimos meses, las empresas de medicina prepaga han implementado aumentos considerables en sus cuotas, alcanzando alrededor del 80% entre diciembre y marzo. Sin embargo, un reciente fallo judicial ha dictaminado que estas alzas deben recalcularse en base al índice de salarios, protegiendo así a los usuarios de prácticas abusivas.

El caso que marcó este precedente fue el de una mujer con un grave trastorno psiquiátrico, diagnosticada con trastorno bipolar. Ante la imposibilidad de afrontar los incrementos de su prepaga Medifé, que subiría de $61,000 en diciembre a más de $154,000 en marzo, decidió acudir a la Justicia. En su demanda, solicitó que los aumentos fueran recalculados utilizando el índice de salarios RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), conforme a la Ley de Defensa del Consumidor.

Detalles del Planteo Judicial

La consumidora impugnó los aumentos del 39% en enero y del 23.5% en febrero, acumulando un total del 62.5% en dos meses. Alegó que estos incrementos, además de ser desproporcionados, afectaban su derecho humano a la salud, ya que no podría costearlos. Destacó que los ingresos de los usuarios no han experimentado aumentos similares, calificando los ajustes de abusivos y desvinculados de la realidad económica.

Fallo del Juez

El juez Alejandro Sengiali, del Juzgado 2 de San Martín, falló a favor de la denunciante, enmarcando el caso en la Ley de Defensa del Consumidor. Resaltó que la actividad de las prepagas tiene matices sociales y humanitarios, y que las empresas no pueden trasladar indiscriminadamente sus riesgos empresariales a los usuarios.

El fallo estipuló que los aumentos deben calcularse conforme al índice RIPTE, asegurando que las cuotas se actualicen de manera justa y equitativa, respetando la evolución de los ingresos de los usuarios. Para el caso específico, la cuota de enero 2024 deberá recalcularse aplicando un aumento del 6.3% respecto al valor de diciembre 2023, más los impuestos correspondientes.

Protección de Derechos del Consumidor

El fallo judicial subraya la importancia de proteger las garantías constitucionales de los usuarios, especialmente el derecho a la salud. Las empresas deben ajustarse a las normativas de defensa del consumidor, evitando prácticas abusivas que desnaturalicen los contratos y afecten gravemente a los consumidores.

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