En el ámbito de la discapacidad y la salud, se está debatiendo un cambio regulatorio significativo que podría afectar a millones de personas en Argentina. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encabezada por el abogado de Javier Milei, ha propuesto que las prepagas y obras sociales determinen libremente los costos de los servicios sanitarios. Esto implicaría un desplazamiento de la responsabilidad regulatoria del Estado hacia las entidades privadas.

¿Qué se Quiere Modificar?

El proyecto presentado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) busca eliminar el Sistema Único de Prestaciones Básicas. Este sistema actualmente establece precios uniformes para obras sociales, PAMI e Incluir Salud, garantizando así el acceso igualitario a los servicios. Con la desregulación, cada organismo financiador podría fijar los aranceles de las prestaciones a su discreción, lo que generaría una gran desigualdad en la calidad de los servicios ofrecidos.

Consecuencias de la Desregulación

La desregulación propuesta tendría graves consecuencias para las personas con discapacidad. Actualmente, muchas de ellas dependen de la cobertura estatal o de obras sociales para acceder a servicios esenciales. Al permitir que las prepagas y obras sociales establezcan sus propios costos, solo quienes puedan costear estos servicios tendrán acceso a ellos, dejando desprotegidas a millones de personas.

Rosana Morales, madre de un joven con discapacidad y representante de la Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (Afapprei), ha expresado su preocupación: “El proyecto del gobierno dejaría desprovistas a las personas con discapacidad que cuentan con la cobertura del estado. Quienes puedan pagar servicios privados, podrán continuar con sus terapias”.

Reacciones y Resistencia Legislativa

El proyecto también ha generado resistencia en el ámbito legislativo. Varios diputados, incluyendo a Daniel Arroyo y Gustavo Valdés, han presentado proyectos de ley para reafirmar la vigencia de la Ley 24.901, que regula actualmente estas prestaciones. Esta resistencia refleja una preocupación generalizada sobre las implicaciones del decreto propuesto.

“La ley tiene aspectos mejorables, y es cierto que las obras sociales y las prepagas vienen planteando problemas para hacerse cargo de los costos, pero desregular es dinamitar todo lo bueno, correr al Estado y que venga el mercado. Como siempre, empeoran las cosas en lugar de mejorarlas”, señalaron los legisladores.

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