Fallo Reciente: El cannabis medicinal y el derecho a la salud en Argentina

Un fallo judicial obliga a una prepaga a costear la importación de aceite de cannabis para un paciente. Se destaca la ley que garantiza acceso a tratamientos de salud y la prioridad en la asignación de recursos.

La Justicia Federal de San Martín ordenó a una empresa de medicina prepaga cubrir el costo total de la compra e importación de un determinado aceite de cannabis medicinal, porque es el que recetó la médica que atiende a un niño con epilepsia y parálisis cerebral. La sentencia reitera que son los profesionales a cargo de manera directa de la salud de los pacientes quienes están en mejores condiciones para decidir sobre su tratamiento y medicación.

En este caso, la prepaga argumentó que hay otro producto que puede cumplir el objetivo y que no estaba “obligada” a cubrir el costo de esa decisión médica. Además, sostuvo que la marca de aceite de cannabis reclamada no está aprobada por la ANMAT y su eficacia no está comprobada.

La Cámara Federal de San Martín señaló que “debe privilegiarse el derecho a la salud del menor con discapacidad”. En la sentencia, a la que accedió Infobae, se hizo lugar a una medida cautelar y se advirtió que “no puede dejarse de lado que la médica tratante del menor le indicó que requería la droga”. También “suscribió el formulario de la declaración jurada para el régimen de acceso de excepción para cannabinoides o derivados de cannabis para uso medicinal”.

La mamá del niño pidió que se dictara la medida cautelar para que su prepaga le provea dos frascos del medicamento importado por mes. El chico tiene certificado de discapacidad con diagnóstico de epilepsia y parálisis cerebral infantil, y está afiliado a la empresa demandada. Al recetar ese tipo de aceite de cannabis en particular y no otro, su médica neuróloga explicó los motivos vinculados a su corta edad y al tipo de tratamiento que realiza.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones del norte bonaerense remarcaron que rige un criterio basado en un dictamen de 2013 del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “en el sentido de que el profesional de la medicina que trata la patología del paciente, es quien, previo efectuar los estudios correspondientes, prescribe la prestación que le proporcione mejores resultados”.

En cuanto a la urgencia y el peligro de demora que justifican la cautelar aún antes de la sentencia definitiva, tuvieron en cuenta que en base a lo indicado por su médica tratante “surge el grave daño a la salud que le podría irrogar al niño no contar durante la tramitación del proceso con la cobertura de la prestación reclamada”. El niño “tiene derecho a una protección especial cuya tutela debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial”, se subrayó.

Ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, “el interés moral y material de los niños debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso concreto”, sostiene el fallo al que tuvo acceso Infobae. Esto está establecido en el artículo 706 Inciso C del Código Civil y Comercial de la Nación que dispone que “la decisión que se dicte en procesos en que estén involucrados

El fallo de los jueces señaló que la prepaga “no demostró que el fármaco prescripto esté contraindicado para este paciente en particular (según su patología y antecedentes) ni mucho menos cuales serían los eventuales beneficios de una medicación alternativa para el caso concreto”. En otras palabras, la empresa no pudo justificar su negativa a cubrir el tratamiento.

Pero, ¿existe alguna ley que obligue a las prepagas a cubrir ciertos tratamientos? La respuesta es sí. La ley 27350, por ejemplo, está vinculada a la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y derivados. Esta ley garantiza y promueve el “cuidado integral de la salud a través del Programa Nacional creado a dichos fines”, con hincapié en acciones de promoción y prevención para garantizar el derecho a la salud y acceso gratuito del tratamiento a toda persona que se incorpore al programa.

Además, esta norma establece que la ANMAT autoriza importaciones del aceite de cannabis y derivados en casos de pacientes que tengan indicación médica al respecto y presenten las patologías que contempla el programa. En este sentido, los jueces destacaron que la autoridad de aplicación está facultada para realizar todas las acciones requeridas para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios para llevar a cabo los estudios científicos y médicos, sea a través de la importación o de la producción por parte del Estado Nacional.

También se hizo valer en este caso el argumento de que los recursos de las obras sociales tienen que destinarse “en forma prioritaria” a las prestaciones de salud. Esto significa que, en caso de ser necesario, la Justicia puede obligar a las prepagas a cubrir tratamientos que estén contemplados por ley y que sean necesarios para garantizar el acceso a la salud de los pacientes.

En definitiva, este fallo de la Justicia argentina confirma la obligación de las prepagas de cubrir ciertos tratamientos que estén contemplados por ley y que sean necesarios para garantizar el acceso a la salud de los pacientes. En casos como este, donde la negativa a cubrir un tratamiento se basa en argumentos injustificados, la Justicia puede ordenar a la empresa a costear la compra e importación del medicamento hasta que se dicte una sentencia de fondo o haya algún cambio en las circunstancias de salud del paciente.